EL PAêS
MIƒRCOLES 2 DE NOVIEMBRE DEL 2011
Carlos Arguedas C. carguedasc@nacion.com
12:00
a.m. 02/11/2011
Un
chancero ciego que cay— en una alcantarilla sin tapa y se quebr— la tibia y el
peronŽ, gan— un juicio a la Municipalidad de San JosŽ, la cual tendr‡ que
indemnizarlo con ¢15 millones.
El
fallo lo adopt— el Tribunal Contencioso Administrativo el lunes pasado, luego
de un juicio que dur— tres d’as.
Para
la v’ctima, Juan Gerardo GuillŽn Salazar, de 52 a–os y vecino de Dulce Nombre
de Coronado, la sentencia Òviene a crear un precedente porque muchos compa–eros
han sufrido accidentes similares con graves consecuencias por las barreras y
obst‡culos que hay en la ciudadÓ.
El
afectado manifest— que el accidente le cambi— su vida, lo volvi— m‡s inseguro
y, adem‡s, lo llev— incluso a tener pensamientos suicidas.
Para
el Tribunal Contencioso Administrativo, son las instituciones del Estado las
responsables de convertir en accesibles las aceras y de vigilar que las tapas
de alcantarillas o de electricidad estŽn debidamente puestas.
Hechos. El caso que se juzg— ocurri— entre las 9 y las
10 a. m. del lunes 2 de mayo del 2006, cuando Juan Gerardo GuillŽn proced’a de
las instalaciones de la Cooperativa de Ciegos Vendedores de Loter’a (Coopecivel), ubicadas en calle 18, entre avenidas 5 y 7, de
San JosŽ. All’ retir— la cuota de loter’a y se dirig’a a pie para venderla a un
costado del Automercado situado en avenida 3, en el
centro de la capital.
Sin
embargo, cuando pasaba por la intersecci—n de la avenida 3 con la calle 16 (hoy
est‡ la parada de buses de Santa Ana), no cruz— por donde est‡ el sem‡foro,
sino que lo hizo a unos 10 metros de la esquina, sitio donde cay— en la
alcantarilla que no ten’a tapa.
Durante
el juicio, el Tribunal, integrado por los jueces Laura Garc’a Carballo, Julio
Cordero Mora y Sergio Mena Garc’a, determin— que el chancero pas— incapacitado
10 meses y sufri—, adem‡s, una incapacidad permanente del 8% de sus habilidades
motoras.
Asimismo,
un dictamen mŽdico legal determin— que padece problemas en cuanto a su
autonom’a y seguridad para desenvolverse.
Como
consecuencia del accidente, GuillŽn tuvo que dejar de vender loter’a, que era
su fuente de ingresos, debido a que la Junta de Protecci—n Social (JPS) exige
que sean los concesionarios los que la vendan y, en este caso, Žl no pod’a
cumplir con el requisito.
Durante
el debate, el representante legal de la Municipalidad de San JosŽ, Juan Manuel
Ram’rez Cerdas, aleg— que la v’ctima Òtuvo una conducta negligente e imprudente
por no transitar por una zona peatonal de acera a acera y por no guardar las
medidas razonables de cuidado y seguridad necesarias para transitar por la
ciudadÓ.
Empero,
los jueces no aceptaron este criterio porque aseguraron que, si GuillŽn hubiera
cruzado en l’nea recta hacia donde est‡ ubicado el sem‡foro, hubiera quedado en
media calle y no en la acera contraria. ÒEsa situaci—n justifica que GuillŽn,
para su mayor seguridad, no cruzara por la esquinaÓ.
La
sentencia puede ser apelada ante una instancia superior